En Asunción la marcha partirá a las 8.30 horas desde la Plaza Uruguaya para llegar hasta la Plaza de Armas ubicada frente al edificio del Congreso Nacional.
En el centro de las problemáticas se encuentra la restitución y aseguramiento de sus tierras ancestrales por parte del Estado paraguayo, que de acuerdo a cada caso podría implicar procesos de compra, recuperación, regularización jurídica, resarcimiento económico.
Para poder implementar estas medidas, la ANIVID exige la implementación de un fondo para compras de tierras y proyectos de desarrollo para Pueblos indígenas, cuyos recursos sean obtenidos del 10 % de los royalties provenientes de Itaipú y Yasyretä.
Otra de las exigencias centrales es la implementación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas PNPI 2020-2030, recientemente aprobado por el Ejecutivo. El PNPI tiene la potencialidad de convertirse en una herramienta que centralice el desarrollo de las políticas públicas para las comunidades indígenas de Paraguay, pero para eso el Estado debe asignarle recursos en este momento donde se estudia el Presupuesto General de la Nación (PGN) que regirá durante 2022.
Estas y otras exigencias pueden ser leídas en un pronunciamiento de la ANIVID entregada a la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, junto con una lista detallada de las principales urgencias de comunidades de distintas regiones del país.
La marcha de mañana se realiza al cumplirse el 529° aniversario del 12 de octubre de 1492, considerado como el inicio de los atropellos a las tierras, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas en Paraguay y América.
En Paraguay viven 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 Pueblos, que se distribuyen geográficamente en más de 600 comunidades en las regiones Chaco y Oriental.
Los Pueblos Indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% viviendo en la pobreza y 34,4% en la extrema pobreza, a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores.
Se calcula que un 37% de las tierras indígenas en Paraguay está en manos de terceros.
