Comparten análisis en VI Seminario Internacional y premian a defensores de derechos humanos en Paraguay

El VI Seminario Internacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Paraguay 2022 “Entre el compromiso y el riesgo” se realizó este jueves en un reconocido hotel de Asunción. Los participantes analizaron el contexto de contiendas electorales y post pandemia del COVID 19, donde se siguen dando situaciones de riesgo al defender derechos humanos.

En ese sentido, Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresó: “Es importante encontrarnos en un seminario, para compartir estas experiencias, y salir de este seminario reconociéndonos como defensores y defensoras de derechos humanos”.

Por su parte, Sabine Schmidt, Brot für die Welt (Pan para el Mundo) afirmó: “Vale luchar por cada uno, cada una que esté dispuesta a aprender, a compartir. Porque la experiencia de vida nos enseña que la libertad solo sirve, si sirve también para quienes piensan diferente”.

Juan Carlos Yuste de Diakonia afirmó: “Vivimos en una época con un resurgir de ideologías que vienen a cuestionar sentidos que pensábamos que estaban ya instalados en la sociedad, como el derecho. Este tipo de seminarios apoya y mantiene el campo democrático, el campo de los derechos”.

Y cerrando las palabras de apertura, Jan Jarab (República Checa – ACNUDH) expresó: “Las lecciones aprendidas podrían servir a otros países donde las personas defensoras se encuentran en riesgo. Quiero reiterarles el pleno apoyo de nuestra oficina, la máxima solidaridad, y el compromiso”.

Preocupan los retrocesos en materia de derechos

Para Erika Guevara (México) de Amnistía Internacional-Américas: “En nuestra región de las américas está inserto en un significativo retroceso. Es importante empujar nuestras agendas por la justicia social, justicia racial, tanto en marcos locales como internacionales (…) Los sistemas económicos globales han reforzado el racismo estructural y han impactado en materia de DDHH”.

Y agregó: “El primer reto es el de la desigualdad y la exclusión. A medida que estos retos crecen, se afectan las capacidades de revertir esto. Hay miles de personas que están siendo arrojadas a los límites de la pobreza extrema porque no se toman medidas para lidiar con esta realidad”.

Por su parte Oscar Ayala Amarilla de Tierraviva mencionó: “En este contexto de avance represivo de leyes, el congreso hizo una pequeña concesión, que es la sanción de la ley que crea una comisión investigadora de tierras malhabidas.  (…) El operativo A ultranza, genera toda una situación de revuelo, pues comienzan a aparecer narcopolíticos que captan la atención en la agenda política. (…) Resumiendo, estamos en un momento bastante delicado, en donde estas políticas regresivas en materia de  derechos humanos van avanzando en nuestro país. Creo que se está dando una coyuntura donde el capitalismo que acumula negocios movidos por el crimen organizado, está tomando importantes segmentos de nuestro Estado”.

Señaló que: “Este es el escenario que estamos viviendo, donde se han consolidado las políticas represivas, y donde también la narrativa dominante no favorece a los #DDHH y a los defensores y defensoras, y además, reconociendo nuestras limitaciones desde las organizaciones, con un impulso muy fuerte, que luego fue quedando por el camino. Debemos ver cómo ganar terreno, y ver cómo avanzar”.

A su vez, Aníbal Cabrera de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) compartió más desafíos: “No estamos discutiendo sobre cómo avanzar en materia de DDHH, sino que se están dando conversaciones sobre cómo quitar derechos a ciertos sectores. (…) Tenemos que aprender a comunicar de manera más eficaz las acciones que hacemos por la sociedad. Necesitamos contar con un marco legal de protección viable para defensores y defensoras, tenemos que formar una opinión pública favorable hacia las personas defensoras.”

Desafíos actuales para la protección de los defensores ambientales

Del Seminario Internacional, también participó el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana (Chile-ONU), quien destacó la importancia del acceso a la información como puerta de entrada para la sociedad para enfrentar los múltiples riesgos que trae no cuidar el medioambiente.

Enfatizó además sobre el derecho a la ciencia como derecho humano: “Es justamente la evidencia científica la que nos permite tener información para saber cómo actuar ante los riegos medioambientales”.

Afirmó: “El impacto que pueden tener los desastre ambientales no los vivimos ahora, los viviremos después. Las consecuencias para la salud,  a la exposición de sustancias nocivas necesita de la investigación científica para sustentar (…) Las respuestas que dan los gobiernos son insuficientes, y esto tiene una relación con las múltiples campañas de desinformación que elaboran las grandes industrias, tales como la del tabaco”.

Fue contundente al denunciar que: “Las campañas de desinformación involucran a científicos mercenarios y a entidades que buscan mantener el status quo en cuanto al irresponsable manejo del medio ambiente”.

Por su parte, Luis Rojas de HEÑOI Centro de Estudios, compartió impresiones sobre la situación del medio ambiente en nuestro país.

“Nuestro Estado es un Estado oligárquico y esto marca el cómo se manejan las autoridades, ya que es un actor sesgado hacia un sector, no es un gobierno parcial ya que siempre busca el beneficio de aquellas personas que se encuentran ligadas al gobierno o a grupos empresariales. (…) El campo se está llenando de veneno, cada vez son más las necesidades de importar fertilizantes y pesticidas, es por eso que el negocio está en proveer estos insumos, y no tanto en su uso”, indicó.

Recordó que: “El acuerdo de Escazú es un claro ejemplo de la presión que ejerce el sector del agronegocio, ya que el acuerdo terminó siendo retirado del poder legislativo. (…) Es muy nocivo el rol que está jugando el sector empresarial dentro de la toma de decisiones que dictaminan si ciertas acciones se realizan o no”.

Expresó preocupación al señalar que: “El modelo de uso de plaguicidas que trajo la revolución verde a Paraguay en los años 60 ya se encuentra obsoleto en la mayoría de los países desarrollados. El mundo en general está caminando a la prohibición del uso de estos venenos, sin embargo, Paraguay sigue atrás en esta materia”.

Reconocimiento público a defensores/as de derechos humanos

Los Premios Dignidad son un reconocimiento público a personas, organizaciones y colectivos que defienden los derechos humanos en Paraguay, sea reivindicando la memoria histórica, rechazando toda forma de represión social o luchando por el derecho al trabajo, a la seguridad social, la salud, la educación y la alimentación, al agua, a la vivienda, a un medio ambiente adecuado y a la cultura. Todos los derechos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas para una vida digna y en libertad.

Los premios son otorgados anualmente por CODEHUPY, que aglutina a 38 organizaciones. Este año, se presentaron 22 postulaciones de distintos puntos del país. Mujeres de los Bañados de Asunción, lideresas sindicales, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, investigadoras sociales, comunicadoras, jóvenes, artistas y mujeres que han luchado contra la dictadura fueron parte de la lista de personas postuladas.

Un jurado externo a la Codehupy, compuesto por personalidades de distintos ámbitos, decide cada año quiénes serán reconocidos. En esta edición, conformaron el jurado: la historiadora Ana Barreto Valinotti, la directora de cine Paz Encina, la periodista Estela Ruíz Díaz; el curador y promotor cultural Ticio Escobar, el abogado y teólogo Dionisio Gauto, y el sacerdote José Zanardini.

La entrega de los reconocimientos se realizó en la noche de este jueves, en las categorías: Premio Dignidad y Premio Dignidad a la Trayectoria.

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