“Quiero comentarles un poco sobre lo que vivió mi familia esta madrugada del 26/03 para 27/03 y que de corazón no le deseo a nadie. Mi cuñado a causa de la pandemia se quedó sin trabajo, y tiene una familia por la cual debió seguir más fuerte que nunca. Comenzó a trabajar como Uber para así poder llevar el sustento a su hogar y dignamente. El viernes, aún sin ser las 00:00 (hora en la que comenzaría a regir el nuevo decreto) fue detenido y agredido por el grupo Lince. Él le estaba llevando a una pasajera al km. 12, donde al retornar se vio estancado en la manifestación”, relató Paz Piñanez, con mucha indignación en redes sociales.
Denunció además, que su familiar fue privado de todo tipo de comunicación, ya que le quitaron su teléfono móvil y sólo se enteraron que estaba detenido, a raíz de las noticias.
“Nos enteramos que lastimosamente la policía le pegó y bastante, dejándole secuelas en el cuerpo y rostro, prueba de la falta de profesionalismo por parte de «nuestras autoridades». Corrían los minutos y aún nadie podía pasar a verle o al menos llevarle algo de alimento, solo decían que luego de las 07:00 a.m se podría tratar de solucionar su caso”, contó la mujer.
Dijo además que hubo versiones contradictorias entre los propios policías quienes no supieron explicar o justificar el motivo de la detención.
“A lo que voy es, ¿cuántas personas más pasan esto día a día? ¿Cuánta gente que se ingenia para seguir teniendo algo con qué pagar el alimento de cada día ya tuvo una experiencia igual? ¿Cuánta gente inocente tuvo que acceder a ese «pequeño aporte monetario»? Ya sea por miedo o quizás, por falta de conocimiento así como nosotros”, expresó.
El caso mencionado por Paz Piñanez es solo uno de los varios que fueron denunciados, durante la detención masiva realizada por la Policía Nacional, entre el viernes y el sábado últimos, a raíz de una manifestación donde fue incendiada una patrullera. Un total de 62 personas fueron detenidas, entre ellas mujeres y adolescentes. Finalmente, 35 personas fueron imputadas por la fiscal Zunilda Ocampos, por los hechos de perturbación de la paz pública, resistencia, exposición al peligro y daño a patrimonio de interés común.
Persecusión y balacera con una pisca de suerte
Otra situación de uso desmedido de la fuerza pública se registró el domingo último, cuando la Policía Nacional movilizó a varias patrulleras de distintas comisarías, para perseguir a un vehículo que atropelló una barrera policial. Durante la persecución, los policías dispararon el vehículo varias veces. Finalmente, la persecución terminó y el conductor fue detenido, debido a que el vehículo quedó sin combustible.
Pedro Daniel Brizuela, mecánico de 21 años, había ingerido bebibas alcohólicas y evadió el control por temor, según explicó el padre del joven. El señor expresó su preocupación por la actuación de la Policía y dijo: “Le jugaron a matar a mi hijo”.
Recomendaciones: conocer derechos y reportar abusos
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado donde expresa “su profunda preocupación ante las sucesivas denuncias en torno a la actuación policial durante los controles de las medidas de restricción decretadas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la emergencia sanitaria, donde se han observado situaciones que afectan a personas trabajadoras, persecuciones con disparos que ponen en riesgo la vida y personas detenidas con rastros de golpes que podrían constituir torturas o malos tratos”.
El MNP reiteró su recomendación a las autoridades de los organismos del Estado paraguayo sobre el cumplimiento irrestricto de las normas nacionales e internacionales de garantía de los derechos humanos, en todos los procedimientos de las fuerzas públicas.
En distintas oportunidades, el MNP ha manifestado que el uso de la fuerza pública debe ser proporcional, conforme los protocolos de procedimientos establecidos para la intervención en el marco de la seguridad interna, normas que determinan que el uso de arma de fuego solo se puede dar cuando exista un peligro o amenaza de vida hacia los efectivos o terceras personas o ante la comisión flagrante de hechos punibles.
El Mecanismo recuerda que durante los procedimientos de detención policial, todas las personas tienen derecho a comunicación, a un abogado, inspección médica independiente y a que le informen sus derechos.
Ante situación de abuso policial, el MNP recibe denuncias de casos de urgencia en los siguientes números: (0961) 501-713 o el (0961) 501- 790.
