El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, tenía una reconocida trayectoria en las unidades contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este martes, dos sicarios acabaron con su vida, con dos disparos a quemarropa y sin mediar palabras, en una playa de Barú, Colombia, donde disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.
El crimen generó gran conmoción y moviliza a los gobiernos de Paraguay y Colombia, incluso cuenta con la colaboración de los Estados Unidos, para la investigación y captura de los responsables. El agente del Ministerio Público encabezó casos vinculados al Operativo A Ultranza Py, la mayor operación antidrogas de la historia del país. Investigaba el sicariato en el cual resultó víctima fatal el empresario Mauricio Schwartzman, quien cumplía funciones dentro de una organización criminal que figura dentro del citado operativo contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
También estuvo a su cargo la investigación del asesinato de Fátima Rejala, la mujer que habría trabajado para el clan Insfrán, también indagado en el Operativo A Ultranza. Participó además en las investigaciones del atentado durante el festival Ja’umina Fest.
¿Qué dimensiones políticas y sociales tiene un crimen de estas características? La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), laAsociación de Agentes Fiscales y la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay se pronunciaron al respecto.
“Un crimen que revela el poder y el alcance de las mafias”
El secretario ejecutivo de CODEHUPY, Abog. Oscar Ayala Amarilla, afirmó que se trata de un hecho “extremamente grave, condenable y preocupante”.
Señaló que es un crimen que “revela el poder y el alcance de estas mafias”. Sostuvo que desde CODEHUPY hace tiempo vienen observando una “crisis de seguridad, donde la población se ve afectada por formas viejas y nuevas de violencia, muchas de ellas también en contextos territoriales no habituales”.
“El sicariato que era un fenómeno antes de la frontera hoy está en la capital, casi en total impunidad, este es un condimento más pesado del que tampoco se está a salvo en el exterior”, expresó.
Y agregó: “La violencia como manifestación de determinados grupos de poder se expresó en nuestro país de muchas formas, algunas con más trascendencia pública otras con menos, pero todas son graves. En el Informe Chokokue documentamos asesinatos o ejecuciones arbitrarias de campesinos, en el contexto de la lucha por la tierra o contra las fumigaciones. Son más de 128 personas que han soportado crímenes bastante graves desde la caída de la dictadura”.
Indicó que las manifestaciones de violencia se van multiplicando, tienen varias aristas y también afectan a agentes estatales.
“Este crimen refleja que el Estado no está pudiendo controlar la violencia. No es el primer caso, recordamos el doble atentado que sufrió Rosa Rodríguez, también investigador antidrogas a finales de los 90, el magnicidio del vicepresidente de la República y otros crímenes revelan que venimos hace un tiempo acusando el impacto de noticias de esta magnitud que tienen a funcionarios que uno creería que están lejos de ser víctimas. El poder de las mafias es tal que pueden con un fiscal, con un antidrogas, un vicepresidente y hacerles víctimas de sus hechos”, señaló.
CODEHUPY cuestiona al Estado y su reforma de seguridad interna: “la militarización de la región norte del país, no ha sido suficiente para prevenir gravísimos hechos punibles”.
Expresó: “la seguridad no puede ser pensada solo en una clave policial y militar, sino en su integralidad, con el resguardo de las fronteras, atenciones de problemas sociales, políticas sociales en general y eso debe responder no solo a una política coyuntural sino a una planificación a la que no estamos acostumbrados en Paraguay. Presupuestar no solo financiero sino lo programático, líneas de abordaje para proteger a la población y a los propios servidores públicos”.
Finalizó diciendo que este crimen es una llamada de atención para la toma de conciencia de que a las personas que les toca como misión o función investigar a estos grupos mafiosos, son potencialmente blancos de atentados y que por tanto merecen un tratamiento especial, que el Estado debe planificar y presupuestar para minimizar los riesgos.
“Este crimen muestra la debilidad institucional”
El periodista Santiago Ortiz, secretario general del SPP, fue contundente al señalar las falencias del Estado para proteger a sus agentes de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, ante los riesgos que supone enfrentar a las mafias instaladas en nuestro país y que cuentan con conexiones transnacionales.
“Si el Estado no puede garantizar protección a sus propios funcionarios que se enfrentan a estructuras criminales, es menos lo que puede llegar a personas fuera de la estructura del Estado. Este crimen muestra la debilidad institucional que tenemos entorno a la posibilidad de protegernos de poderes que en la práctica manejan el país. Estamos en un feudo manejado por mafiosos, no tenemos otra explicación”, expresó.
Y agregó: “Este hecho pone la lupa en el nivel de descomposición y el nivel de feudo que tiene el país. Es una retroalimentación, un Estado débil para dar protección o dar respuesta a quienes denuncien o cuenten lo que hacen estos grupos criminales”.
Recordó los casos de periodistas asesinados en Paraguay: “Es un patrón común, que la mafia tiene poder para actuar y que hay un Estado que no brinda protección. Te empujan a no meterte y eso construye espacios de silencio que deterioran la posibilidad de ejercer su rol a periodistas y a operadores de justicia”.
Ortíz fue enfático al señalar que es necesario, no solo hablar de mecanismos sino de políticas de protección. “Hay que hablar de las causas estructurales de la violencia, la introducción de Paraguay en el crimen organizado, la política que fue inficionada por el crimen organizado, los principales partidos están con gente vinculada al narcotráfico, la política es cada vez más cara y quienes dan esa plata son los narcos o el crimen organizado”, afirmó.
Señaló que el modelo económico de Paraguay hace la riqueza se concentre en pocas manos y que cualquiera que denuncie ese modelo, se convierta en enemigo del poder. “Ellos resuelven sus problemas a balazos”, afirmó.
A modo de cierre y propuesta, Ortíz planteó: “Insistimos siempre como primera medida fortalecer la organización, en la capacidad de exigir y de incidir no solo a nivel de autoridades sino de la población, denunciando hará que la gente vaya tomando conciencia, que estemos más organizados, en constante movilización y a parir de ahí ir ganando espacios, conquistando herramientas que permitan pelear con mejores armas contra el enemigo”.
La Asociación de Agentes Fiscales convoca a una manifestación
La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay convoca a una marcha por la “Valentía y el Coraje, para este viernes 13 de mayo a las 16:00, frente a la Fiscalía General del Estado en Asunción. A las 17:00, se saldrá rumbo al Panteón de los Héroes para la realización de un acto. Están convocados todos los socios de la AAFP, integrantes del Ministerio Público, comunidad jurídica y todas las personas que deseen participar y rendir homenaje al fiscal asesinado, así como elevar la voz de protesta por el horrendo crimen.
En un comunicado público, el gremio de fiscales hace un llamado a la República de Colombia para que con celeridad investigue y esclarezca las el crimen e capture a los responsables.
Solidaridad y pedido de justicia
La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay también emitió un comunicado público, en apoyo a la periodista Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci. La comunicadora se había casado con el agente del Ministerio Público el pasado 30 de abril, disfrutaban su luna de miel y había anunciado que está embarazada, cuando poco después se produjo el crimen que acabó con la vida de su marido.
Desde el gremio de mujeres periodistas se pide al Estado paraguayo que tome las medidas necesarias para proteger a Claudia y su embarazo.