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ANDE detectó criptominería ilegal en el barrio San José de CDE

La fiebre de la criptominería ilegal avanza en el Este del país. Una operación clandestina de criptominería, la práctica de generar criptomonedas mediante potentes computadoras, fue descubierta y desmantelada esta mañana por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en un inmueble del barrio San José de Ciudad del Este. Los operadores, en su ansia por aumentar sus ganancias virtuales, recurrieron a una conexión eléctrica ilegal que les ocasionó una millonaria pérdida económica y ahora enfrentan severas consecuencias legales.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) descubrió una operación ilegal de criptominería en un inmueble del barrio San José de Ciudad del Este, tras una inspección realizada por funcionarios técnicos de la institución esta mañana.

Durante la verificación, los técnicos confirmaron la existencia de una conexión irregular en Baja Tensión con derivación antes del medidor, utilizada para la producción de criptomonedas. 

Esta práctica, conocida como criptominería, consume enormes cantidades de energía eléctrica, lo que lleva a algunos operadores a recurrir a conexiones ilegales para evitar los altos costos.

Según la ANDE, la derivación clandestina ocasionaba una pérdida mensual de aproximadamente 58 millones de guaraníes, incluida la multa por el delito y los gastos asociados a la intervención. Los funcionarios procedieron a regularizar el suministro y cortar la conexión ilegal.

Lea más: ANDE combate al uso ilegal de energía de criptominerías en Alto Paraná

La criptominería ilegal no solo implica un perjuicio económico para la ANDE, sino que también afecta el funcionamiento adecuado de las redes eléctricas y puede generar riesgos de seguridad. Además, este tipo de actividad constituye un delito tipificado en el Artículo 173 del Código Penal Paraguayo, con penas de hasta 3 años de prisión.

La ANDE reitera su compromiso de combatir las conexiones irregulares y advierte a los responsables de criptominería ilegal que continuarán con las inspecciones y aplicarán las sanciones correspondientes.

“Es importante que la población tome conciencia de los riesgos y consecuencias legales de estas prácticas ilegales”, declaró un portavoz de la institución.

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