El informe presentado indica que un total de 392 presos murieron en las diversas cárceles de Paraguay, entre 2013 y 2020. “En promedio, una persona falleció por semana. La gran mayoría, el 85 % falleció por faltas, por omisiones con relación a la garantía del derecho a la salud, que debe tener el Estado, y la omisión de la implementación de medidas de seguridad preventivas ante la violencia de personas privadas de su libertad”, comenta el Abog. Dante Leguizamón, comisionado del MNPT y encargado de la investigación.
La investigación denominada “Muertes bajo custodia 2013-2020” es un Registro Nacional de Personas Fallecidas en Instituciones de Privación de Libertad. El objetivo del relevamiento es contar con datos confiables y contrastables para pensar y elaborar políticas públicas de prevención de la tortura y malos tratos, específicamente la prevención de la muerte en contextos de encierro.
“La mitad (de los fallecidos) tenía menos de 35 años, el 70% tenía menos de 45 años, la gran mayoría estaba procesada y murió antes de los dos años de privación de libertad. La otra cuestión importante es que un 53 % de las muertes no significó ninguna investigación por parte del Ministerio Público”, denuncia Leguizamón.
Muertes evitables
El comisionado Dante Leguizamón señala el agravante de que la mayoría de las muertes de personas privadas de libertad se pudieron evitar. “Porque eran enfermedades que tienen tratamiento y son curables, que produjeron muertes en el sistema penitenciario sobre todo y que tienen que ver con el acceso a la salud y a la atención sanitaria en las penitenciarías”, expresa.
El informe del Mecanismo registra 392 muertes dentro del sistema penitenciario en el periodo 2013 a 2020, de las cuales, considerando las categorías de responsabilidad estatal, 221 fueron por omisión en la posición de garante del derecho a la salud, 110 por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad preventiva de la violencia entre personas privadas de libertad, 18 por omisión en la posición de garante en la prevención de siniestros, y 5 por uso de la fuerza letal por parte de agentes penitenciarios.
Instituciones del Estado tienen un registro deficiente
El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura realizó un relevamiento, a partir de información de los medios de comunicación, de muertes de personas privadas de libertad, a los efectos de cruzar estos datos con los provistos por los departamentos judiciales. En este relevamiento se detectaron 10 muertes de personas privadas de libertad en custodia del Estado, sobre las cuales los departamentos judiciales de las penitenciarías no informaron al MNP y no contaban con datos. Se consultó al Ministerio de Justicia sobre estas muertes y tampoco se recibió respuesta.
En ese sentido, el organismo da recomendaciones al Estado. “La principal recomendación tiene que ver con la instalación de un registro eficiente y con variables importantes para poder diseñar políticas públicas de prevención de la tortura efectivamente. A la falta de este registro, este informe busca posicionarse en ese sentido y que sea utilizado en ese sentido, pero la recomendación es que se afinen los procesos de creación de información, de generación de información y registro de estas muertes, para mejor información en ese sentido”, afirma Leguizamón.
Otro punto importante tiene que ver con la impunidad en casi todos los casos. El Abogado Dante Leguizamón señala que a través del informe, el Mecanismo recomienda que la Fiscalía investigue las muertes que ocurren en los penales, que se investiguen las eventuales responsabilidades estatales y que no se centre la responsabilidad en el reaccionar de las personas privadas de libertad.
El informe está disponible en la página web del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura.
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