Deudas pendientes y resistencia, a 10 años de la masacre de Curuguaty

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) reeditó su Informe “Justicia, tierra y libertad”, a propósito de los 10 años de la masacre de Curuguaty. El material actualizado y con la experiencia del caso a una década de aquel hecho de trascendencia política y social, tiene un enfoque en el balance de las deudas que aún quedan pendientes.

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El 15 de junio de 2012, en un operativo judicial realizado en el municipio de Curuguaty, departamento de Canindeyú, perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías. Los campesinos reivindicaban aquel pedazo de tierra conocido como “Marina Kue”, que mediante procesos fraudulentos pero con ropaje legal estaban en poder de Campos Morombi, del empresario colorado Blas N. Riquelme (+).  A raíz de este suceso, se derivó una crisis política que provocó el juicio político que desembocó en la destitución del presidente Fernando Lugo y la interrupción del primer gobierno de alternancia política en Paraguay, luego de 60 años de hegemonía colorada.

En términos de derechos humanos, el caso Curuguaty es emblemático al abordar el problema de distribución de tierras en Paraguay. “En perspectiva estructural, el caso Marina kue se inscribe en la disputa del territorio campesino, un proceso de sistemática represión encaminada a desposeer a las comunidades rurales de sus tierras y recursos, para su acapara[1]miento por parte del complejo agroindustrial. En ese sentido, es un caso más de un patrón que se repite en casi cada distrito rural del Paraguay, el país con

la mayor desigualdad en la distribución de la tierra del mundo. Pero Marina kue fue un punto de inflexión en el proceso político y social del Paraguay”, señala la introducción del documento.

Con este nuevo informe, además de su valor informativo y documental como vehículo de memoria, la CODEHUPY tiene el propósito de seguir apoyando, en clave de incidencia y acciones públicas, la defensa del caso.

El informe fue elaborado por un equipo de investigadores integrado por: Hugo Valiente (coordinación general), Alberto Simón, Luis Rojas Villagra, Federico Vargas Lehner y Ana Lucía Giménez.

Las fotografías fueron realizadas por Santi Carneri, Pablo Tosco, Amadeo Velázquez, Hugo Valiente y Carol Thiede​. La investigación y publicación del informe ha sido posible gracias al apoyo financiero de Diakonia – Gente que cambia el mundo, Misereor, Pan para el Mundo y CCFD-Terre Solidaire.

En cuanto a la situación de las tierras en disputa en el municipio de Curuguaty, CODEHUPY llega a la conclusión de que el Estado realizó una serie de maniobras legales en una “ inocultable operación de greenwashing, toda una práctica malintencionada de marketing verde que, detrás de una falsa intención de responsabilidad social y ecológica, apuntó a dos objetivos en simultáneo: blanquear el origen fraudulento de la apropiación de Campos Morombí y contar con una nueva base legal para desalojar a la comunidad campesina del lugar”.

Con relación al proceso judicial de investigación de la muertes de 11 campesinos y 6 policías, la organización de derechos humanos concluye que: “el Estado paraguayo no ha garantizado una investigacióneficaz, exhaustiva e independiente de los sucesos de Marina kue. Todo el con[1]junto de los procedimientos que se arbitraron al respecto da evidencias claras de violaciones al derecho a un tribunal independiente e imparcial y al derecho a la tutela judicial efectiva, cometidas por el Estado paraguayo en contra de los campesinos y campesinas”.

Para acceder al informe completo ingresa aquí.


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