Senado rechaza cuestionado proyecto para modificar Estatuto Agrario

La Cámara de Senadores rechazó este jueves por unanimidad un proyecto de modificación de la ley del Estatuto Agrario. El cambio de esta normativa fue aprobado en Diputados, pero tenía fuertes cuestionamientos de las organizaciones campesinas y derechos humanos, por legalizar la posesión de tierras a quienes no son sujetos de la reforma agraria.

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Organizaciones campesinas se movilizaron a nivel nacional para exigir el rechazo del proyecto legislativo a la Cámara Alta. En Alto Paraná, hubo manifestaciones en el kilómetro 30, en Minga Porã y en la Plaza de La Paz del centro de Ciudad del Este. Participaren integrantes de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA) y del Foro Social de Alto Paraná.  

El Proyecto de Ley “Que modifica y amplía varios artículos de la Ley N° 1863/2002 ‘Que Establece el Estatuto Agrario’, y sus modificatorias las Leyes N°s 2002/2002, 2531/2004, 5881/2017” fue el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Por medio de la votación nominal, se rechazó el documento de forma unánime y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados. Allí los parlamentarios, tendrán la opción de ratificarse en su decisión inicial o aceptar el rechazo del Senado.

El proyecto sobre el Estatuto Agrario fue el primer punto en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. (Foto: Web del Senado)

La propuesta de modificación del Art. 88 del Estatuto Agrario es muy gráfica respecto a la intencionalidad del proyecto: “Artículo 88. Ocupantes de inmuebles rurales patrimonio del Organismo de Aplicación. Los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región oriental patrimonio del Organismo de Aplicación, al momento de la promulgación de la presente Ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”.

“Lo más grave de este proyecto es que pretenden legalizar la posesión de tierras a los que no son sujetos de la reforma agraria”, expresó Tomás Zayas, referente de ASAGRAPA.

También, la Federación Nacional Campesina (FNC) en un comunicado recordó: “Muchos ganaderos y sojeros, nacionales y extranjeros, tienen posesiones de tierras de manera irregular, usurpadas y arrebatadas económica y judicialmente, por lo general, de forma violenta a campesinos e indígenas, adjudicándose tierras públicas (INDERT), con posesión de derecheras, “alquiler”, ocupación de hecho, sin ninguna documentación o con títulos falsos obtenidos de forma amañada en contubernio con funcionarios corruptos. Ellos lo saben muy bien. Saben que su posesión no es jurídicamente sostenible. Y eso, quiérase o no, es una preocupación para ellos. Vale decir, desde hace tiempo que están buscando una oportunidad de blanqueo”.

Además, alertaron que afectará aún más la soberanía territorial del Paraguay, ya que una parte importante de los poseedores irregulares son extranjeros, que con esta medida se legitimará el despojo y la usurpación que realizan sobre las posesiones campesinas e indígenas y otras tierras públicas.

“Afectará también la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que con estos mecanismos contribuyen a disminuir tanto en términos de superficie y volumen la producción de alimentos frescos de la agricultura campesina orientada al mercado interno, aumentando de este modo la dependencia alimentaria”, expresó la organización en su comunicado.

A su vez, la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), señaló en un escrito publicado en su página web que: “Las modificaciones aprobadas al Estatuto Agrario en la Cámara de Diputados, abren paso a la legalización de la propiedad sobre tierras que fueron entregadas ilegalmente a sujetos no beneficiarios de la reforma agraria durante la dictadura de Stroessner, e incluso en los siguientes gobiernos colorados, de la post dictadura. Del mismo modo, se propone la legalización de inmuebles apropiados ilegítimamente a través de la llamada “compra de derecheras, por empresarios del agronegocio que presionan sobre los asentamientos campesinos para expandir sus posesiones, utilizando este mecanismo que se aprovecha del estado de necesidad de numerosas familias abandonadas a su suerte, en medio de inmensos sojales”.

Agregó que: “Legalizar esas posesiones, en términos de derechos humanos, supone el desconocimiento de la historia reciente de usurpación de los bienes públicos que padeció el Paraguay, perpetrados con total impunidad durante la dictadura, incluyendo la usurpación violenta de tierras a pueblos indígenas y comunidades campesinas”.


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